II. CORRECTIVO Y EDUCACIÓN

El asombro atenaza al español. Nos vienen con la Ley del Cachete. ¡La descabellada ley! Es inimaginable un padre amenazado y condenado por su hijo, al que sorprende en actos transgresores de la rectitud o coqueteando con amistades nocivas y con el submundo de la droga, y le propina dos bofetadas bien dadas ¡La educación en su apogeo de degeneración!

España, la nación más antigua de Europa, con esta democracia del talante ha perdido su armadura moral, la justicia y la igualdad, la convivencia, el consenso y la armonía, esencia de la democracia e incluso la unidad territorial; los partidos y sus elites se ven hundidos en la degradación e inepcia. ¿Hasta cuándo habrá que soportar esta penuria política. Es increíble que unos sujetos nacionalistas que ni quieren ni se sienten españoles decidan las leyes; es una rabiosa ironía que la minoría nacionalista "antiespañola” sea quien intervenga y controle el hacer y vivir de los millones de españoles. Es inadmisible esta democracia intervencionista, frustrante, ineficaz, del desguace nacional y falta de una segunda vuelta, que la hace injusta e irrespetuosa con el votante, al servicio exclusivo de la partitocracia, de la crispación y del enfrentamiento.

Jurídicamente, el articulado legal no es ley, si previamente no se hace uso y costumbre sociales, si no entra en el ritmo de la vida común; es la sociedad, la que rige y determina los imperativos aceptables o desechables de conducta, que podrán ser legislados. La ley opuesta a la costumbre abre un negro abismo entre la sociedad y el gobernante, respecto al concepto respectivo de corrección y normalidad, por ello, ciertas leyes ayunas de juicio, no pueden gozar de persistencia efectiva, aunque, promulgadas, sean respetadas. La Historia, madre del acontecer humano, así lo ha enseñado en su ancho devenir.

Los padres saben de sobra administrar el método del cachete con una sabia justeza ancestral; constituye un medio correctivo en casos insostenibles, en que la inconsistencia veleidosa y desordenada del niño, no atendiendo ya a razones ni castigos, merece, desde el afecto, la inmediata actuación correctora y educativa de los padres o tutores. El cachete no entraña la coerción ciega y brutal; marca la frontera que el niño no ha traspasar por su propio bien; indica que no se puede habituar a saltarse las reglas que conforman la conducta moral y cívica; socializa al individuo y lo integra en la convivencia sana y recta con el respeto debido a sus congéneres; es más bien un elemento simbólico de la instrucción suavemente cariñosa que adiestra en la creación de hábitos para marchar por la senda de la rectitud. Así lo afirma el Eclesiástico: «Quien mima a su hijo, tendrá después que vendarle las heridas» «Un caballo no domado se torna indócil, y un hijo abandonado se torna díscolo» «Mima a tu hijo y te aterrará, juega con él y te hará llorar» (Eclo 30,1-13). El niño requiere pertinente y continua presencia del padre en su educación, exige corrección y formación, es preciso doblegar su cerviz en la juventud, para que no sea un rebelde, caprichoso y desobediente, que acarree penas y contrariedades. De la fortaleza de su carácter y firmeza de su personalidad, depende su proceder de adulto.

El cachete, en fin, es una táctica correcta y oportuna. Lo grave es que la clase política, de hoy, atareada y atrapada en el nimbo de sus intereses ajenos al sentir del ciudadano y alejados del esencial servicio a la sociedad, no lo entiende ni lo intuye. Cierto que si el cachete se convierte en agresión y violencia, se hace delito y no precisa reforma legislativa. La incomprensión de las leyes existentes por el dirigente y el legislador es nociva para la sociedad; que se coloquen por encima del pueblo, es perjudicial, que legislen sobre aspectos y usos sabia y rectamente practicados en el seno familiar, es nocivo y contrario al bien común.

Los padres, formados y maduros saben aplicar los métodos excepcionales a concretas condiciones especiales, saben gobernar y administrar su hogar con conveniente y adecuada dosificación, para apuntalar e instalar la debida educación de sus hijos. No necesitan la mano protectora de las ínfulas insolventes de unos políticos. Los padres tienen su talante.

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IMPOSICIÓN DE “EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA”

La Administración Educativa impone su nueva asignatura e, incluso, conmina despóticamente, sin más fundamento que el dominio de la ley. Las leyes, en efecto, se han de observar; sin embargo, la primera Ley es la Constitución. La Suprema Norma provee a los españoles de los instrumentos necesarios que protegen sus derechos y libertades, contra otras leyes que traten de transgredirlas. Todos, pues, disponen de un serio asidero legal, para preservar la educación moral de sus hijos.

Los padres, legítimamente, se apresuran y están promoviendo sus arietes y defensas, para salvar la integridad formativa de sus pequeños de las garras ideológicas y obligatorias de esa incisiva asignatura, preñada de intencional currícula contra el cristianismo y los valores tradicionales, desechados como fétidas antiguallas, pergeñada, por imposición, del laicismo oficial y de la concepción moral del Equipo Gubernamental y orientada a impartir el relativismo, el libertarismo y el hedonismo.

La libertad ideológica, al amparo del artículo 16 de la Constitución, constituye, en el caso de los recursos jurisdiccionales, su último fundamento. Por tanto, la simple repulsa a que sus hijos sean sujetos receptores de tales contenidos es un apoyo a otras posibles actuaciones, discrepantes con la observancia de la aplicación de esta textura. La carta expedida por el Ministerio de Educación, en que intimida con abrir expediente a colegios y profesores que rehúsen impartir el tal proyecto partidista, corrobora el «carácter ideológico» de la imprescindible materia; por demás, “non petita” ni solicitada por el estamento implicado.

El PP exige al Ministerio de Educación explicaciones sobre el manual de Educación para la Ciudadanía, editado por Akal, para el profesorado; el texto, que «ataca al principal partido de la oposición», «pretende recortar la libertad de expresión». Para el PP, «este tipo de manuales desenmascara» la intención del Gobierno; es, asegura, una «apuesta personal» de Zapatero.

La nueva “Formación del Espíritu Nacional” es un invento malévolo dirigido a remover los principios asentados de media España, a lavar la mente de los niños y a procurarse un rebaño sumiso a los dictados del “mandatario”. La democracia y la aconfesionalidad pierden su rumbo y cambian de signo, serán una democracia oficialista y una aconfesionalidad laicista. Los derechos fundamentales van a manos del Estado y el derecho primordial de los padres a elegir la formación moral para sus hijos, reconocido y garantizado por el artículo 27 de la Constitución», quedará conculcado. La tesis del Estado Aconfesional que establece la Constitución, al permitir, que creyentes y no creyentes puedan desarrollar la libertad religiosa a la que tienen derecho, se verá transgredida y vulnerada.

Esta incisiva EpC o FEN no preserva los valores democráticos, invade el ámbito mental del educando y allana las moradas de su conciencia, en su pretensión adoctrinante. El Estado, ¿democrático?, no debe imponer ninguna concepción ética, es una tarea propia de regímenes ya superados o emergentes en los bananeros.

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LAICISMO Y EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA

R. Zapatero, rotundo, ha afirmado que «ninguna fe se puede imponer a las leyes en un sistema democrático».

El Cardenal A. Cañizares, saliendo al paso, contestó al Presidente del Gobierno que «el laicismo tampoco puede estar por encima de la ley» y añadía que la Iglesia no pretende «imponerse al resto de la sociedad ni buscar privilegios», sino ser «respetada en su razón de ser». Sumiso y oportunista, Cándido Méndez, rodando tras la congratulación del Jefe, osaba calificar a Cañizares de «hechicero de la tribu del PP». Sin dilación, recibió la contundente réplica del cardenal: «No me ocupo de estupideces».

Corrigiendo al Presidente, Cañizares aseguró que en España «no se da el caso de que la fe se imponga a la ley; aquí se consagra el laicismo como religión oficial. La ley debe respetar los derechos fundamentales, hecho que no se da con la imposición de Educación para la Ciudadanía, puesto que impone obligatoriamente una formación moral por parte del Estado a todos los ciudadanos. Como también, la nueva asignatura conculca el derecho fundamental de los padres a elegir la formación moral para sus hijos, reconocido y garantizado por el artículo 27 de la Constitución».

El Arzobispo de Toledo argumenta que la oposición de la Iglesia Española a tal enseñanza se fundamenta precisamente en la cuestión de que el Estado se atribuye la capacidad de imponer una «formación moral obligatoria para todos», en contra de los derechos paternos; añádese que expone «una concepción del hombre separada de Dios, una concreta teoría de género y un relativismo moral que la hacen incompatible con la fe cristiana. Recuérdese que todos los años un ochenta por ciento de los padres de Educación Primaria elige para sus hijos la formación religiosa católica, lo que es opuesto a dicha asignatura de Educación para la Ciudadanía». Precisamente, ante esta limitación de un derecho fundamental, los padres podrán «recurrir a todos los medios legítimos a su alcance en todos los centros, sin excluir ningún medio y sin excluir ningún centro». Para el Primado, es «legítimo defenderse de la violación de los derechos humanos fundamentales y que la objeción de conciencia es un medio legítimo reconocido y garantizado por el Tribunal Constitucional. No son, dijo, los obispos, al defender los derechos humanos, sino, más bien, el «Gobierno el que se enfrenta a la sociedad».

El Presidente de la Conferencia Episcopal, R. Blázquez, interviniendo en la polémica, con palabras de Juan Pablo II en su viaje a España, decía: «La fe no se impone, se propone». «Estamos de acuerdo con la aconfesionalidad del Estado que establece la Constitución, porque permite que creyentes y no creyentes, de una religión y de otra, podamos desarrollar la libertad religiosa a la que tenemos derecho». A su vez, el Arzobispo de Oviedo, C. Osoro, denunciaba «las trabas a la trascendencia pública de la religión, que obedecen a la corriente laicista imperante, una circunstancia que se hace más visible en Educación donde en nombre del pluralismo se establece la imposición de la no religión».

Respaldando al Episcopado Español, el Secretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe, A. Amato, afirmó que los planteamientos son «la verdadera interpretación de la Iglesia en este momento histórico en España; la libertad religiosa es un aspecto fundamental de la identidad del hombre y el Estado no debe imponer ninguna concepción ética».

Al respecto, la vicepresidenta, Fernández de la Vega, reiteró que «no cabe la objeción» a la asignatura de Educación para la Ciudadanía porque una ley aprobada por el Parlamento debe ser cumplida y aplicada. E insistía que «la asignatura responde a las recomendaciones del Consejo de Europa sobre la capacitación de los jóvenes en el ejercicio de los derechos y obligaciones que comporta la democracia; no pretende adoctrinar a nadie, sino difundir y preservar valores democráticos, como el reconocimiento y respeto a los otros o la resolución pacífica de discrepancias. Por ello, nadie puede estar en contra. Están faltando a la verdad en un intento evidente de confundir a la gente».

La controversia es candente. La religión cristiana se persigue y se niega, el laicismo se impone por ley. Esta es la libertad de esta democracia.

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